"Enseñar exige comprender que la educación es una forma de intervención en el mundo" - (Paulo Freire)
"Cátedra Libre Educárcel": noviembre 2008
Ultima actualización 9 de febrero de 2012.

jueves, 20 de noviembre de 2008

La tortura en la cárcel: Entre la vulnerabilidad y el castigo.

Publicado en    http://www.rebelion.org/       19-05-2008

Gemma Ubasart i Gonzàlez

La autora, investigadora en el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la universidad de Barcelona (OSPDH), ha participado en numerosas investigaciones sobre la realidad carcelaria. Denuncia que existe un goteo constante de denuncias.

La cárcel es un espacio de privación de libertad en el que se registran numerosos episodios de malos tratos y tortura de manera más que esporádica.
A pesar de la opacidad de los muros que separan cárcel y sociedad, existe un goteo constante de denuncias de vulneraciones del derecho a la integridad física y psíquica de las personas que habitan en estos espacios de reclusión. La mayoría de estas denuncias, aunque con dificultades, se vehiculan a través de familiares y amigos, abogados u organizaciones de defensa de derechos humanos. Los casos de malos tratos y torturas carcelarios tienen un doble origen : aquellos que se padecen en la cotidianidad y aquellos que se producen en la excepcionalidad.
En referencia a la cotidianidad, se debe considerar la degradación de las condiciones de vida de las personas que habitan en prisión al no garantizarse plenamente los derechos que son inalienables a toda persona como la salud, educación, participación política o intimidad, entre otros. Esta situación hace más vulnerables a estas personas, hecho que posibilita la aparición de situaciones  de malos tratos (y a veces tortura) ; en algunos casos por acción (abusos de funcionarios), en otras por omisión (malas condiciones de salud o higiene, negación de la intimidad...).
A estas malas condiciones se les añade la dificultad de establecer comunicación con el exterior, siendo los espacios opacos más proclives a las prácticas abusivas. La privación de libertad no debería acarrear la privación de ningún otro derecho, como así lo apuntan las normas garantistas que debieran regir cualquier Estado de derecho. Así nos lo recuerda la asociación italiana Antigone :
"La cárcel transparente que obstinadamente perseguimos es probablemente inalcanzable, pero sólo una tensión hacia ella, la iluminista aspiración a una pena meramente privativa de la libertad personal, desnuda de las accesorias penas extra legem que cada detención lleva consigo, puede constituir la barrera a la natural tendencia de la cárcel a superar sus propios límites, a barrer las confesables justificaciones que cada sociedad encuentra para ello". En referencia al segundo origen de los abusos cabe apuntar aquellos malos tratos y torturas que tienen que ver con la excepcionalidad, que se producen en momentos de importante conflictividad en las cárceles, como pueden ser motines y revueltas. Estos conflictos la mayoría de veces conllevan represalias y castigos ; algunas legales, otras muchas alegales o ilegales. Testimonios de presos relatan episodios espeluznantes una vez se ha "restablecido la calma".
Una vez más, la falta de contacto con el exterior posibilita estas prácticas de revancha y su
impunidad. Para la prevención de los malos tratos y torturas en las cárceles se debe actuar en una triple dirección. La primera de ellas es la "desprisionalización" de nuestras sociedades, la reducción al mínimo de personas presas, ya que estos espacios en sí muchas veces son constitutivos de malos tratos. La segunda de ellas es la garantía de unas condiciones de vida dignas para aquellas personas recluidas en cualquier espacio de privación de libertad. Ningún derecho puede verse alterado, aparte del de libertad que impone la condena. La tercera, pero no menos importante, es la permeabilidad de los muros de las prisiones. Una transparencia necesaria en aras de cumplir un doble objetivo : garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y garantizar el derecho y el deber que tiene la sociedad de estar informada de qué sucede en estas instituciones.

lunes, 17 de noviembre de 2008

Situación "infrahumana"

(Publicado en "www.quilmespresente.com")


Si bien la ley actual de imputabilidad N° 22.278 de menores es para jóvenes de entre 16 y 18 años, la norma no impide la internación en centros cerrados para chicos por debajo de esa edad. "Hay chicos de 13, de 14 y de 15 años en condiciones de encierro, lo que es una situación de absoluta ilegalidad porque los chicos menores a esa edad no pueden estar detenidos", dice Alicia Romero, del Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria provincial.

En La Plata funcionan tres centros de régimen cerrado (el Almafuerte y el Nuevo Dique, en Abasto, y el de Recepción, en calle 63 entre 2 y 3), los que presentan un panorama de múltiples y graves deficiencias edilicias y de recursos humanos, materiales y económicas. En diálogo con este diario,Emilia Preux, del Foro bonaerense de la Niñez, integrado por organizaciones sociales, y Daniel Aguero y Julio Ferreyra, directivo y responsable del área de Niñez y delegado de la junta interna de la subsecretaría de la Niñez, ambos del gremio ATE, calificaron la situación en esos institutos como "infrahumana".

Son establecimientos antiguos, con poco mantenimiento que presentan serias falencias estructurales y consecuentes problemas eléctricos, cloacales, humedad en las paredes, falta de ventilación, entre otros. Los detalles de este panorama señalan que dos pabellones de Nogués fueron declarados inhabitables por una jueza, a pesar de lo cual se siguen alojando chicos. El centro platense de calle 63 figura en un informe por la escasez de camas y la existencia de chicos durmiendo en el piso. También hay chicos durmiendo en pasillos y en el piso en el instituto de Mar del Plata. En el instituto Lugones, de Azul, los empleados han denunciado recientemente que los menores están descalzos, por falta de fondos para comprarles zapatillas.

"Estas condiciones hacen indigna la situación de los menores, pero también convierten en indigna las condiciones laborales del personal", expresa Agüero y Ferreyra, quienes aseguran que es manifiesta en la mayoría de los institutos la insuficiencia de empleados, que terminan con problemas de salud y psiquiátricos en niveles muy elevados. Los trabajadores calculan que faltan unos 300 empleados en los centros de régimen cerrado.

Preux y Agüero puntualizan que en este contexto se suelen mezclar chicos internados por delitos menores con otros que cometieron delitos muy graves, "sobre todo en los últimos meses, en que los jueces están enviando más menores a institutos de régimen cerrado, para cubrirse por la alta repercusión pública de algunos casos".

"Preparacion para la carcel"

(Publicado en "www.quilmespresente.com")


Los chicos que se encuentran internados en centros cerrados están acusados de delitos graves. El juez pudo sentenciarlos pero no penarlos hasta que no cumplan la mayoría de edad. En la mayoría de los casos, entonces, comienzan a purgar la pena al cumplir los 18 años de edad, cuando quedan a disposición del Servicio Penitenciario y son enviados a las cárceles. Sin embargo, mientras sean menores no debe estar en internado en situación de "castigo" por el delito cometido, sino para su tratamiento, observación y contención.

"Un chico alojado en un instituto debe tener resguardados todos sus derechos. Debe disponer de un acceso a la educación en igualdad de condiciones que otro niño que esté afuera del instituto, acceso a actividades formativas, una biblioteca, mucho espacio al aire libre, el tema es que los lugares de atención de chicos generalmente están diseñados como una cárcel y no se tuvieron en cuenta espacios de educación", cuenta Alicia Romero, del Comité Contra la Tortura de la Comisión por la Memoria provincial.

Sin embargo, Romero denuncia: "hay lugares donde los chicos pasan todo el día encerrados en las celdas y salen a recreación sólo por cinco o seis horas. Además solo pueden realizar una llamada telefónica por semana y cuando los familiares los van a visitar, el personal policial les hace una requisa humillante e innecesaria".

Según la integrante del Comité Contra la Tortura, el personal que atiende a los chicos en los institutos no tiene la formación adecuada para casos de emergencia, a la vez que muchas veces tampoco tienen los recursos necesarios para actuar en casos de incendio, tales como matafuegos y mangueras.

"Las celdas son igual a los buzones de las cárceles, sólo que están más limpias. Los sanitarios no tienen puertas y los chicos comen al lado del baño", dice Romero. "Cuando salen de las celdas, lo hacen en grupos de a cinco mientras el resto espera en encierro porque no hay personal suficiente para cuidarlos. Además, las sanciones de encierro absoluto son sin recreación y acumulativas, cosa que está absolutamente prohibida por la ley, por eso es que comúnmente se dice que estos institutos son la preparación para la cárcel", agrega.

Según la Comisión por la Memoria, se ha constatado que algunos chicos han llegado a pasar 30 días de encierro absoluto. "El problema es que con este tipo de medidas, cuando un menor vulnerado es violento, se termina generando más violencia", expresa la integrante del organismo, quien explica que otro problema a considerar es que hay chicos enviados a lugares muy alejados de su hogar y que por eso su familia no puede venir a visitarlo.

"En febrero de este año se ahorcó un adolescente en el instituto de máxima seguridad de La Plata Almafuerte y el Estado debe hacerse responsable de eso. El Estado no lo colgó, +pero qué hizo para evitar el suicidio de ese menor_ Ese chico pasaba una gran angustia por la abstinencia a las drogas, estaba muy violento y necesitaba una contención médico-psicológica especial", dice Romero.

Respecto a la condición edilicia de los centros cerrados, el Comité Contra la Tortura pidió en octubre la clausura de uno de los tres institutos de esas características en la Provincia, en Pablo Nogués, Malvinas Argentinas. "Constatamos que salía agua del piso y de las paredes y que los baños estaban tapados y flotaban aguas servidas por todos lados", dicen desde la entidad.

Por su parte, el defensor oficial del Fuero de la Responsabilidad Juvenil de La Plata, Ricardo Berenguer, explica que en los institutos "no realizan actividades, los talleres de formación laboral están vaciados, no hay programas alternativos a la privación de la libertad ni de promoción y protección al menor. Los chicos viven una situación de encierro permanente, a veces peor que la de los adultos, y su escolaridad se reduce a dos clases por semana de una hora y media".

El letrado aclara que si bien el nuevo sistema provincial que se está instrumentando desde 2007 es altamente positivo, todavía "termina sancionando al chico por su situación de vulnerabilidad y no por el hecho cometido", estableciendo una situación de encierro a través de un criterio de peligrosidad. "El problema del sistema es que el juez dicta sentencia pero como es menor no se le puede aplicar pena, la pena empieza a regir a partir de los 18. Los chicos se quedan en esos institutos hasta que después pasan al servicio penitenciario", concluye.

martes, 11 de noviembre de 2008

La cantidad de procesados jóvenes presos aumentó 26% este año

( Publicado en "Diario Los Andes On Line" de Mendoza)
 
Tienen entre 18 y 21 años y están alojados en el complejo San Felipe. El subsecretario de Justicia, Sebastián Godoy Lemos, asegura que el incremento no se debe a la aplicación de la ley que endurece las excarcelaciones. 
 
Gastón Bustelo - gbustelo@losandes.com.ar
La cantidad de internos jóvenes adultos (de entre 18 y 21 años) alojados en el complejo San Felipe aumentó 26% en los primeros diez meses del año. Lo mismo sucedió con los procesados mendocinos. En este caso el incremento llegó a 33%.

El ascenso es superior al de la totalidad de internos alojados en Almafuerte y Boulogne Sur Mer, donde el número de presos creció 5,5%. Concretamente pasó de 2.008 detenidos en los 10 primeros meses del 2007 a 2.123 en la misma cantidad de tiempo de 2008. Los datos fueron suministrados por el Ministerio de Gobierno.

El subsecretario de Justicia, Sebastián Godoy Lemos, asegura que la suba no se debe a la aplicación de la ley que endurece las excarcelaciones.

Las razones

"Se nota el aumento, hay chicos que llegan por robar una bicicleta. Si es la primera vez que cometen un delito, no es el lugar donde tendrían que estar", indicó Estela Vásquez, directora de la escuela que funciona para los internos de San Felipe.

"Es claro que subió el número de internos desde que llegó Jaque al Gobierno y también el nivel de chicos aislados. Esto responde al nivel de violencia que traen desde afuera. Hay mucha intolerancia desde el Poder Judicial y el poder político a toda esta cuestión de la violencia. Esto de endurecer las excarcelaciones implica mayor gente presa.
 
Si la política es limpiar la calle, hay que darles dentro del penal la atención que necesitan para resocializarlos", manifestó Pablo Flores, quien lleva 12 años dando talleres de teatro en la Boulogne Sur Mer.

Por su parte, Sebastián Godoy Lemos, subsecretario de Justicia, explicó que "No hay más jóvenes adultos en el penal porque esté ya en vigencia la ley de que limita las excarcelaciones. No hay un número cierto ni la Corte lo sabe. Esa Ley hace un mes que fue publicada en el Boletín Oficial y lleva muy poco tiempo en vigencia.

Seguro que va a aumentar la cantidad de internos porque la Justicia comenzará a denegar excarcelaciones, pero lo cierto es que todavía no se refleja. Hay más internos en San Felipe porque hay mayor presencia policial en la calle, hay más detenciones por el trabajo que realiza el Ministerio de Seguridad".

Franja etaria delicada

Godoy Lemos indicó que las cifras están marcando el incremento del delito de los menores adultos pero "no necesariamente en el período que muestran los números. El problema viene de antes, cuando hablamos de procesados y condenados habría que ver cuándo cometieron el delito, cuándo se los procesó y cuándo se los condenó".

Las condenas han permanecido estables. En los 10 primeros meses del año pasado había 352 internos condenados en San Felipe y en el mismo período del 2008 el número llegó a 359.

David Mangiafico, asesor del Ministerio, manifestó que "la Cámara Penal de menores prioriza una medida tutelar y alternativas para atenuar el castigo y no una privación de libertad. Es un criterio criminológico que tiene la Cámara de Menores y por eso es que las sentencias no han subido".

También explicó Mangiafico que los procesos se incrementaron porque en muchos casos los jóvenes-adultos cometen delitos junto a personas mayores, entonces el proceso penal no lo lleva la Justicia de menores.

"En el proceso de mayores sí se utiliza la prisión preventiva con más énfasis que en el sistema de menores. Por eso es que se puede ver reflejado en los números más prisión preventiva que condenas".

Por su parte, Diego Lavado, ex subsecretario de Justicia, dijo con respecto a estos números que "esa es la franja etaria más vulnerable a ser detenida, desde los 18 a los 25 años".

También indicó que se percibe claramente una baja en la edad promedio de los detenidos: "No son muchos los internos que superen los 40 años. Si hace 10 años la edad promedio de los detenidos en Boulogne Sur Mer era de 25 años, hoy debe estar entre los 20 o 21".

Encierro, talleres y estudio

Tanto Flores como Vásquez también informaron que los internos de San Felipe tienen muchas horas de encierro y pocos talleres. Agregaron además que es muy reducido el número de internos que asiste a tomar clases. "Si pasan las horas encerrados no van a mejorar nunca y los castigados no pueden ir a los talleres ni a la escuela", dijo Flores.

Godoy Lemos indicó que se ha inaugurado una biblioteca con 500 títulos y que la construyeron los mismos internos durante la gestión anterior. También apuntó que la semana próxima se firmará un convenio con el Ministerio de Educación de la Nación para que los internos que estén en condiciones legales, puedan elegir entre cuatro carreras universitarias: derecho, enfermería, trabajo social y filosofía y letras.
 
"Además los que adeuden materias de la EGB o del Polimodal, también podrán terminar esos ciclos y completar la escolarización".

El funcionario coincide con Flores en que el encierro no es bueno, pero explicó que "las horas de encierros varían en función de la peligrosidad y las medidas de aislamiento que disponen los jueces. Nuestra meta es lograr la resocialización del interno y que esté ocupado aprendiendo un oficio.

Para eso hemos hecho un convenio con la Subsecretaría de Trabajo y muchos que estén en la fase de confianza serán incluidos en la bolsa de trabajo que allí funciona para que tengan un empleo cuando salgan. El empresario que los ocupe gozará de algún beneficio por parte del Estado.

También pueden acceder a microcréditos. Tenemos claro que es un derecho y una obligación constitucional cumplir con la resocialización de los presos".

Poco personal

Flores denunció que en San Felipe hay pocos agentes penitenciarios. "A veces para trasladar a un chico para que participe en un taller o llegue a la escuela, no hay penitenciarios que lo acompañen a esos lugares".

"La cantidad de personal no es la óptima, pero esta semana se han firmado 56 designaciones y entre setiembre y noviembre hemos nombrado más de 200 agentes y ahí están incluidos maestros, psicólogos, médicos y administrativos", manifestó Godoy Lemos.

lunes, 10 de noviembre de 2008

Chicos en el centro de debate 2008-11-08 00:00:

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(Publicado en "Inforegión" por Jorge Sánchez)

Debido a la creciente participación de jóvenes en hechos de inseguridad, el gobernador Daniel Scioli propuso bajar la edad de imputabilidad para quienes cometan delitos graves. Como era de esperar, la iniciativa generó un duro debate entre los que están a favor y en contra de esta medida.


Desde hace varios años la inseguridad es una de las principales preocupaciones de la sociedad en la Provincia y la creciente ola de delitos violentos con participación de jóvenes, que se agudizó en el último mes, llevó al gobernador Daniel Scioli a realizar una propuesta polémica: bajar la edad de imputabilidad para quienes cometan delitos graves.

La propuesta del Gobernador se basa en las estadísticas oficiales que señalan que en la Provincia la participación de adolescentes de entre 16 y 18 años en delitos creció casi un 80 por ciento en lo que va del 2008 con relación al 2007, en tanto que en la franja que contempla chicos de entre 14 y 16 años también hubo una suba del año pasado a éste.

Si bien la iniciativa del gobierno bonaerense cosechó elogios y responde al reclamo de algunos sectores de la sociedad, también recibió duros cuestionamientos por parte de referentes del Poder Judicial e incluso del Gobierno nacional.

Sin embargo, más allá de los apoyos y los rechazos, el debate para bajar la edad de imputabilidad ya está instalado por lo que Info Región consultó a ministros, legisladores y jueces para conocer las distintas posiciones que hay al respecto.



La propuesta. Luego del crimen del ingeniero Barrenechea y frente a la multiplicación de los hechos de inseguridad, especialmente en el conurbano, Scioli se pronunció a favor de bajar la edad de la imputabilidad para quienes cometan delitos graves e impulsó este debate con los legisladores nacionales por la provincia de Buenos Aires debido a que es un tema de competencia del Gobierno nacional.

“Hay que bajar la edad de imputabilidad para los delitos graves que cometan los menores. Llegó la hora de dar el debate”, enfatizó el mandatario provincial pocos días después del asesinato de Barrenechea en el que están involucrados adolescentes

Actualmente, el régimen penal determina que los menores de 16 años, no son imputables porque la ley presume su falta de capacidad para ser penalmente responsables por su inmadurez mental. Sin embargo, el aumento de la participación de los adolescentes en hechos delictivos llevó a Scioli a promover la necesidad de bajar la edad de imputabilidad a 14 años.

Este reclamo está basado en las estadísticas oficiales que indican que de enero a septiembre de este año hubo 3.596 hechos en los que estuvieron involucrados chicos de entre 14 y 16 años, un 16 por ciento más comparado con el mismo período del 2007.

Dividido por tipo de delito, el incremento es del 46 por ciento en homicidios (44 casos), 19 por ciento en robo calificado (858), 14 en robo (1.440) y 5 por ciento en delitos sexuales (57 casos).

Esta suba también se observa en la franja que va de los 16 a los 18 años ya que en los primeros nueves meses del 2008 hubo 9. 970 hechos delictivos en los que participaron jóvenes con estas edades, casi un 80 por ciento más en comparación al mismo período del año pasado.

En esta franja, el aumento fue del 68 por ciento en las causas de robo (3.588 casos), casi un 90 por ciento en los robos calificados (2.752), 124 por ciento en homicidios (238) y del 68 en delitos sexuales (98 casos).

Teniendo en cuenta estas cifras, Scioli planteó la necesidad de bajar la edad de imputabilidad y lo hizo respaldando el proyecto de ley que prevé la conformación de un “Régimen Penal de Menores”, que fue elaborado por los legisladores nacionales Vilma Ibarra, Gerardo Morales, Silvia Gallegos y Sonia Escudero, entre otros.

De acuerdo con esta iniciativa, la inimputabilidad total sólo será considerada para los menores de 14 años y los adolescentes de 14 y 15 años seguirán siendo inimputables sólo para delitos menores (cuya pena no exceda los 3 años). En tanto, los que cometan “delitos contra la vida y la integridad sexual” con penas mínimas superiores a 5 años, se los podrá condenar a penas de hasta 3 años de encierro en “centros especializados”.

Asimismo quienes tengan entre 16 y 17 años, podrán ser condenados por la misma clase de delitos (pero se incluyen aquellos con pena mínima de 3 años) y se les podrá encerrar por hasta cinco años, también en “centros especializados”.



Respaldos y críticas. Como era de esperar, la propuesta del gobierno bonaerense motivó tanto elogios como rechazos. A nivel nacional se despegaron de la medida impulsada por Scioli ya que durante un acto en Pilar – al que también asistió el Gobernador- la presidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtió que “la inseguridad no se combate con leyes más duras, sino con una mejor gestión judicial”.

“La inseguridad es un tema que nos conmueve a todos, pero no se combate con leyes más terribles y más duras”, aseveró.

También tomó distancia de la propuesta el ministro de Justicia de la Nación, Aníbal Fernández, quien se mostró en contra de bajar la edad de imputabilidad y apuntó, sin dar nombres, contra los “charlatanes que venden recetas mágicas y que le mienten a la gente”.

En este sentido, Fernández aseguró que bajar la edad de imputabilidad “sólo generará que haya más pibes detenidos” por lo que remarcó que “hay que atacar la causa y no el efecto”.

Asimismo, ministros bonaerenses consultados por Info Región respaldaron la iniciativa que promueve Scioli y aseguran que se enmarca dentro de “un plan de políticas integrales”. Según el titular de la cartera de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo, la propuesta del Gobernador no busca “estigmatizar a los jóvenes”.

“Lo que ha planteado el gobernador es que dentro de esta política integral para la inclusión de los jóvenes hay una parte que tiene que ver con diferenciar algunos delitos y castigarlos severamente”, explicó el Ministro, al tiempo que precisó que, “de todos modos, la cuestión no es el tema de la edad sino el delito mismo”.

En diálogo con Info Región, Arroyo sostuvo que “la intención” del gobierno bonaerense “es rescatar a los jóvenes y no estigmatizarlos”.

“Tenemos que escuchar a los jóvenes y a partir de ahí, tratar de aplicar políticas integrales como las que estamos emprendiendo en todo el conurbano”, completó.

Por su parte, el director general de Cultura y Educación, Mario Oporto, indicó que a los adolescentes no se los puede castigar con el mismo rigor que a los adultos, aunque advirtió que “es necesario aplicar la Ley”.

“Los chicos no pueden ser tratados como adultos. Cuando la consecuencia ocurrió, hay que actuar sobre la educación, el aislamiento y la desprotección. Si el chico sigue en las mismas condiciones que estaba antes, no se lo puede considerar como un adulto, porque es para peor”, enfatizó el funcionario bonaerense ante la consulta de Info Región.

Asimismo, consideró que no hay que “quedarse encerrados en una cuestión de edad” al tiempo que subrayó que “hay que afrontar y hacerse cargo del problema, no negarlo”.

Desde el Poder Judicial las opiniones también están divididas. Para el titular del Juzgado de Menores Nº 1 de Lomas de Zamora, Raúl Donadío, bajar la edad de imputabilidad para quienes cometan delitos graves, “no es la solución”.

“Lo que tenemos que buscar es atacar la raíz del problema y de ahí en más que podamos pensar no en bajarla, sino en subirla. Las políticas de mano dura no han dado resultado. Además, en el siglo que vivimos, es violatorio de todas las garantías consagradas en la convención de los Derechos del Niño”, advirtió el juez en diálogo con este medio.

En este contexto, también criticó la falta de infraestructura con la que cuenta el actual sistema ya que indicó: “Hoy no hay capacidad para ingresar a los imputables de 16 a 18. Ya estamos en una situación de desastre y ni pensar lo que pueda llegar a venir si se agrega una franja de dos años”, cuestionó.

Asimismo, el magistrado se mostró en contra “del establecimiento de una edad fija de imputabilidad” porque recalcó que “el desarrollo de los chicos no es en todos igual”. “En los países más modernos declaran la imputabilidad en base a pericias y puede tener 12, 14 ó 18. Es lo más coherente”, añadió.

Por último, insistió: “Sino está la salud garantizada al igual que la vivienda, el trabajo y un apoyo a la familia integralmente, con este tipo de medidas no solucionamos nada, sólo hacemos parches”.

A diferencia de Donadío, la titular del Juzgado de Menores Nº 5 de Lomas, Marta Pascual, se mostró “de acuerdo con la baja de la imputabilidad a los 14 años” ya que aseguró que “a esa edad se tiene la madurez suficiente para saber que si una acción no cumple con las pautas o estándares de la sociedad”.

No obstante, aclaró: “Lo importante en esta medida es el tratamiento que le daremos a estos chicos, no es cuestión de un simple encierro, en donde se mezclan los menores y en lugar de salir rehabilitados se contaminan más”, advirtió.



La discusión ya arrancó. Ante la consulta de este medio, legisladores oficialistas respaldaron la propuesta del Gobernador ya que remarcan sobre la necesidad de que se abra el debate.

La diputada y presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara baja bonaerense, Silvia Caballero, consideró que la baja de la edad de imputabilidad para quienes cometan delitos graves es “un debate pendiente” que se tiene que dar, ya que “la sociedad reclama alguna solución”. “El ámbito para debatir esto es el Congreso, donde están todas las voces representadas”, puntualizó.

El que también instó a abrir un debate nacional para analizar si es necesario bajar la edad de imputabilidad de menores fue el diputado provincial oficialista Guido Lorenzino.

“Hay que hacer un debate para tratar de combatir la creciente inseguridad y dentro de ese marco, para algún tipo de delito puede que sea necesario bajar la imputabilidad, pero siempre teniendo en cuenta un contexto, dónde puedan ser alojados, tratados y reinsertados en la sociedad”, aclaró.

En tanto, desde el PRO también se mostraron de acuerdo con la baja en la edad de imputabilidad aunque el titular de esta fuerza en la Provincia, Jorge Macri, aclaró que el apoyo será efectivo “siempre y cuando, esté dentro un plan integral que cree centros de tratamiento contra las drogas y centros de detención específicos para jóvenes”.

Entre los que se opusieron a la propuesta, también se encuentran dirigentes oficialistas, como la diputada nacional, Adela Segarra, quien remarcó que para combatir la delincuencia juvenil “la cuestión no pasa por bajar la edad de imputabilidad, sino por aplicar la ley que existe en la Provincia”.

“Hay que tener políticas públicas de integración para los jóvenes. Antes de pensar en bajar la edad de imputabilidad hay que promover los derechos de los jóvenes a través de la educación, la cultura y el deporte”, recalcó Segarra en diálogo con Info Región.

Por su parte, el diputado provincial del FpV Daniel Gurzi también se distanció del pronunciamiento de Scioli y advirtió que se debe tener mucho cuidado al momento de tomar una decisión” porque se “puede estigmatizar a toda una franja social”.

Asimismo, desde sectores de la oposición también criticaron la propuesta. Para el presidente del bloque de senadores de la UCR en la Legislatura bonaerense, Jesús Porrúa, disminuir la edad de imputabilidad “no soluciona el problema de la inseguridad”, en tanto que el diputado de la Coalición Cívica, Sebastián Cinquerrui, calificó a la propuesta de Scioli como “irracional” y “alocada”.

Más allá de las distintas posturas que hay sobre este tema, lo concreto es que la inseguridad es uno de los problemas más delicados que afectan a la provincia de Buenos Aires por lo que, mientras se espera que el debate para bajar la edad de imputabilidad llegue al Congreso, el gobierno de Scioli ya tomó otras medidas para intentar revertir esta situación como la reestructuración de la Policía bonaerense que llevó a cabo esta semana.

sábado, 8 de noviembre de 2008

Derecho a la educación de los niños en contextos de encierro

(Fuente "0223.com.ar")
 
La Coordinación Provincial de Educación en Contextos de Encierro , a cargo del Prof. Francisco Manes y la Dirección Provincial de Educación Inicial , Elisa Spakosky, organizaron el primer encuentro con docentes, directores e inspectores de jardines y guarderías que trabajan a diario con los niños que viven con sus madres privadas de libertad, en Unidades Penales.

En esta primera “Jornada de intercambio de experiencias educativas con niños que viven en contextos de encierro”, estuvieron representados los jardines 909, 964, 963 y el jardín maternal “Las Palomitas” de Los Hornos; el jardín 923 de Mar del Plata y el 919 de Ezeiza.

Fue el inicio de una serie de encuentros cuyo propósito es continuar abordando las problemáticas que conciernen a toda la población infantil alojada en instituciones penales durante los primeros años de vida.

En la oportunidad, se debatió acerca de la normativa legal sobre niñez, sus contradicciones y posibles reformulaciones en lo que respecta a la realidad que atraviesan todos aquellos bebés e infantes que viven en contextos de encierro hasta que cumplen los 4 años.

Con el acento puesto en resguardar y cumplir con el derecho a la educación que emana de las leyes de educación provincial y nacional, el debate también giró en torno a temas tales como el impacto que ejerce la institución penal sobre los pequeños; las características del vínculo filial madre-hijo en la cárcel; las condiciones de encierro que recaen sobre las mujeres y si deben ser iguales a las que cumplen los hombres dadas las particularidades del género.

sábado, 1 de noviembre de 2008

FILOSOFÍA Y LETRAS EN EL PROGRAMA UBA XXII

 
Publicado en "Encrucijadas" el 3 de julio de 2008
 
Desde comienzos de este año, un grupo de docentes, investigadores e investigadoras de la carrera de Letras coordina talleres de escritura y reflexión sobre derechos humanos en los Centros Universitarios de Devoto y Ezeiza. Estas actividades surgen de la iniciativa del Área Queer de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras y proponen una instancia de discusión y propuestas de acción contra la discriminación y la represión, en el marco del Programa UBA XXII de educación en las cárceles. Existe también un proyecto para incorporar Letras a las carreras dictadas en ambos centros universitarios a partir del año que viene. 

Juan Pablo Parchuc
Docente e investigador de la carrera de Letras y del Programa UBA XXII. Integrante del Proyecto UBACYT “Protocolos de la crítica: hegemonía y polémicas culturales” y del Área Queer de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Becario del CONICET
En el Área Queer hemos incluido como parte de nuestras actividades de docencia, investigación y extensión una serie de debates que afectan la relación entre las teorías de la cultura y sus posibilidades de especificar las actuales condiciones de producción de hegemonía, no sólo desde el punto de vista de los problemas de investigación, sino fundamentalmente de los vínculos con distintas modalidades de organización social y política.
Según estos debates, la profundización de la desigualdad económica y la consecuente exclusión en el acceso a la justicia, los derechos y la participación política aparecen articulados por el conflicto por regularlas a partir de la discriminación por géneros, etnias, edades, nacionalidades, identidades de género u orientaciones sexuales [1]. En los últimos quince años hemos podido percibir cómo las condiciones agravadas de pobreza y exclusión en nuestro país fueron acompañadas por un recrudecimiento de la represión policial e institucional y un incremento de la población detenida en institutos de menores, comisarías y unidades penitenciarias. La represión policial recae cotidianamente sobre jóvenes, manifestantes, vendedores y vendedoras ambulantes, inmigrantes, travestis y mujeres en situación de prostitución, con la aplicación de códigos de faltas, edictos, contravenciones y otras normas de detención arbitrarias como la ley de averiguación de antecedentes, o directamente a través del armado de causas penales con el aval de dirigentes políticos, fiscales y jueces, en una evidente criminalización de la pobreza y la protesta. El carácter selectivo de este sistema llena las cárceles de pobres mientras evita deliberadamente perseguir al llamado “delito de cuello blanco” y deja prescribir las causas por grandes estafas y corrupción institucional.
Según los datos de la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en un lapso apenas mayor a una década, la población carcelaria en todo el país prácticamente se duplicó. Sobre el total, en particular la cantidad de mujeres y jóvenes ha tenido un aumento sostenido. La franja de 18 a 24 años de edad representa el 30% del total de personas privadas de su libertad; en su mayoría se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad (robos y hurtos) y contra las personas. En el caso de las mujeres, alrededor del 70% se encuentra detenida por delitos enmarcados en la ley 23.737 (ley de estupefacientes). De hecho, desde la sanción de esa ley en octubre de 1989, en un plazo de diez años la cantidad de mujeres presas se triplicó. Cabe señalar que del total de personas privadas de su libertad, apenas un tercio se encuentra con condena y el resto está procesado con prisión preventiva y a la espera de juicio, y casi la mitad estaba desempleada al momento de ser detenida. Además, dentro de las unidades federales, cerca de un 20 por ciento son personas extranjeras.
Discurso discriminatorio y represión
Como parte de esta trama, los discursos institucionales como los de los medios de comunicación producen las condiciones para la segregación y la reclusión apelando a la supuesta inseguridad o el desorden en el espacio público que legitiman los pedidos de la “mano dura”, la necesidad de mayor presencia policial en las calles, el aumento de la reclusión y el agravamiento de las penas. Las coberturas periodísticas suelen apelar a discursos o formatos restrictivos que se ligan con ideologías vinculadas con posturas xenófobas, racistas, sexistas, homofóbicas y travestofóbicas cuando abordan problemas relacionados con la pobreza y la marginalidad [2]. De esta manera amplían la visibilidad de los grupos estigmatizados y los sectores excluidos a través de la construcción de perfiles que los señalan como “problemáticos”, “amenazantes” o “peligrosos”, reduciendo sus características a unos pocos rasgos que se les atribuyen. Simultáneamente, criminalizan sus prácticas y modos de subsistencia mientras ocultan las situaciones de violencia, explotación y persecución que viven a diario. Podemos citar en este sentido la proliferación de información y relatos que exhiben la transgresión de la ley o la criminalidad como parte de la cotidianidad de las clases populares, en especial cuando se trata de jóvenes pobres. Esta exposición contrasta con la poca atención que se les presta a los casos de maltrato, tortura y asesinato perpetrados por las fuerzas de seguridad y la violencia económica encarnada en el desempleo, el trabajo esclavo, el proxenetismo y la trata de personas.
Por lo tanto, el uso de términos abiertamente discriminatorios o la estigmatización a través de gramáticas que sostienen estigmas o prejuicios a partir de la naturalización de enunciados que se apoyan en el sentido común habilitan la desigualdad por exclusión y represión. Pero también, la burla o el menosprecio, junto con el pánico moral, el pánico sexual y la criminalización actúan a través del diseño de imágenes y tramas que se ligan con reclamos de vigilancia y control como inteligibilidad de las crisis económicas y políticas. Desde esta perspectiva, la discriminación y la represión conforman marcos de referencia que convierten en naturales prejuicios que operan como explicación de los conflictos sociales al tiempo que regulan la relación entre democracia y capitalismo. Enunciados del tipo “pobres hubo siempre”, “los inmigrantes vienen al país a quitarnos el trabajo” o “una vez que alguien delinque y va a la cárcel es irrecuperable” adquieren un carácter explicativo tanto de experiencias individuales (pobreza, desempleo, cárcel) como de relaciones sociales. Pero a su vez son esas experiencias las que de alguna manera politizan las condiciones históricas en que se formulan los enunciados excluyentes que vinculan desigualdad con diferencia en la producción de acciones colectivas y propuestas de cambio.
Detrás de los muros y las rejas
A fines del año pasado, desde el Área Queer propusimos una serie de actividades en el marco del Programa UBA XXII. En el mes de febrero, con un equipo compuesto por Ilona Aczel, Silvia Delfino, Silvia Elizalde, Fabricio Forastelli, Guadalupe Maradei, Juan Pablo Parchuc, Juan Enrique Péchin, Flavio Rapisardi y Guadalupe Salomón, empezamos a coordinar los talleres de escritura y reflexión sobre derechos humanos en los Centros Universitarios de Devoto y Ezeiza. En los talleres proponemos una serie de discusiones sobre problemas de discriminación y represión, articuladas con actividades de argumentación y producción escrita que promuevan el abordaje crítico de los principales debates sobre estos problemas que en los últimos treinta años se han formulado desde la teoría cultural y las ciencias sociales en articulación con movimientos sociales, feministas, colectivos de diversidad sexual, grupos étnicos y organizaciones políticas y de derechos humanos. Si bien algunos de los temas propuestos en los talleres forman parte de los contenidos de las asignaturas de diversas carreras dictadas en los centros, tratamos de relacionarlos con actividades de lectura y escritura que permitan una reflexión sobre la especificidad de géneros discursivos, modos de argumentación y retóricas jurídicas, académicas y periodísticas. También organizamos, como parte de estas actividades, ciclos de charlas debate con investigadores/as, expertos/as y activistas en derechos humanos, género, diversidad sexual, migrantes y afrodescendientes.
Las discusiones que surgieron del trabajo en los talleres nos permitieron situar el carácter discriminatorio de los enunciados de la prensa y los medios de comunicación cuando focalizan la clase, la etnia, la edad, el género, la orientación sexual o situaciones como el encierro, la prostitución o el delito como parte de lo “noticiable”. También pudimos indicar los prejuicios y estigmas sobre los que se construye el ordenamiento jurídico, los límites de las rutinas y prácticas institucionales del sistema penal y la autorrestricción de algunas de las posiciones más difundidas sobre violencia institucional y derechos humanos en la actualidad. Por otro lado, la reflexión sobre las experiencias históricas de los grupos afectados por la discriminación y la represión nos permitió conceptualizar modos de organización y lucha que surgen como interpelación a esas estructuras y posiciones.
A partir de los testimonios expuestos en los talleres pudimos registrar cómo las diferencias, en especial la etnia, la nacionalidad, el género y la orientación sexual, funcionan tras las rejas en articulación con la posición económica y la condición social regulando los vínculos entre las personas privadas de su libertad y con los agentes del Servicio Penitenciario en el sentido de restringir la capacidad de acceso a derechos y las posibilidades de participación. El hacinamiento, la falta de alimentación, la ausencia de condiciones sanitarias mínimas, la precariedad de la atención médica, la tortura y el maltrato fueron denunciados como parte de las situaciones vividas cotidianamente en las cárceles. Se señaló también el trato racista y xenófobo que se ejerce contra las personas que no hablan español y los inmigrantes de origen latinoamericano, y la distinción que existe entre varones y mujeres en cuanto a la oferta de estudios, actividades extracurriculares y posibilidades laborales.
El interés manifestado por las actividades organizadas durante el primer cuatrimestre nos llevó a proponer la continuidad de los talleres durante todo el año y la necesidad de sostener en adelante un espacio de reflexión y propuestas de acción sobre los problemas abordados. También reconocimos en conjunto la importancia de generar instancias de discusión de problemas de argumentación y escritura en relación con las rutinas y prácticas de producción cultural, académica y periodística. Por eso, propusimos incorporar la carrera de Letras a la nómina de carreras que se dictan en los centros universitarios a partir del año que viene con una materia inicial que tenga como ejes la comprensión y discusión de los debates centrales de las teorías de la cultura, la lingüística y las ciencias sociales y humanas, y a su vez proponga un taller de lectura, discusión y producción de textos teóricos y críticos. La materia estará a cargo del equipo de cátedra del profesor Jorge Panesi y el programa ya fue elevado por la Junta de la Carrera de Letras al Consejo Directivo de la Facultad. Será la primera vez que una carrera de la Facultad de Filosofía y Letras se dicte en el Programa UBA XXII.
La oportunidad de participar de este tipo de actividades en los Centros Universitarios de Devoto y Ezeiza supone un desafío tanto a las prácticas de docencia e investigación académica como a los modos de intervención y las propuestas de transformación que se promueven desde la universidad pública. Esperamos que la experiencia de los talleres y la incorporación de la carrera de Letras puedan contribuir al desarrollo de nuevos proyectos y a fortalecer los ya existentes para que los muros y las rejas no sean un límite a nuestras posibilidades de reflexión y acción.