(Publicado en "www.quilmespresente.com")
Si bien la ley actual de imputabilidad N° 22.278 de menores es para jóvenes de entre 16 y 18 años, la norma no impide la internación en centros cerrados para chicos por debajo de esa edad. "Hay chicos de 13, de 14 y de 15 años en condiciones de encierro, lo que es una situación de absoluta ilegalidad porque los chicos menores a esa edad no pueden estar detenidos", dice Alicia Romero, del Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria provincial.
En La Plata funcionan tres centros de régimen cerrado (el Almafuerte y el Nuevo Dique, en Abasto, y el de Recepción, en calle 63 entre 2 y 3), los que presentan un panorama de múltiples y graves deficiencias edilicias y de recursos humanos, materiales y económicas. En diálogo con este diario,Emilia Preux, del Foro bonaerense de la Niñez, integrado por organizaciones sociales, y Daniel Aguero y Julio Ferreyra, directivo y responsable del área de Niñez y delegado de la junta interna de la subsecretaría de la Niñez, ambos del gremio ATE, calificaron la situación en esos institutos como "infrahumana".
Son establecimientos antiguos, con poco mantenimiento que presentan serias falencias estructurales y consecuentes problemas eléctricos, cloacales, humedad en las paredes, falta de ventilación, entre otros. Los detalles de este panorama señalan que dos pabellones de Nogués fueron declarados inhabitables por una jueza, a pesar de lo cual se siguen alojando chicos. El centro platense de calle 63 figura en un informe por la escasez de camas y la existencia de chicos durmiendo en el piso. También hay chicos durmiendo en pasillos y en el piso en el instituto de Mar del Plata. En el instituto Lugones, de Azul, los empleados han denunciado recientemente que los menores están descalzos, por falta de fondos para comprarles zapatillas.
"Estas condiciones hacen indigna la situación de los menores, pero también convierten en indigna las condiciones laborales del personal", expresa Agüero y Ferreyra, quienes aseguran que es manifiesta en la mayoría de los institutos la insuficiencia de empleados, que terminan con problemas de salud y psiquiátricos en niveles muy elevados. Los trabajadores calculan que faltan unos 300 empleados en los centros de régimen cerrado.
Preux y Agüero puntualizan que en este contexto se suelen mezclar chicos internados por delitos menores con otros que cometieron delitos muy graves, "sobre todo en los últimos meses, en que los jueces están enviando más menores a institutos de régimen cerrado, para cubrirse por la alta repercusión pública de algunos casos".
En La Plata funcionan tres centros de régimen cerrado (el Almafuerte y el Nuevo Dique, en Abasto, y el de Recepción, en calle 63 entre 2 y 3), los que presentan un panorama de múltiples y graves deficiencias edilicias y de recursos humanos, materiales y económicas. En diálogo con este diario,Emilia Preux, del Foro bonaerense de la Niñez, integrado por organizaciones sociales, y Daniel Aguero y Julio Ferreyra, directivo y responsable del área de Niñez y delegado de la junta interna de la subsecretaría de la Niñez, ambos del gremio ATE, calificaron la situación en esos institutos como "infrahumana".
Son establecimientos antiguos, con poco mantenimiento que presentan serias falencias estructurales y consecuentes problemas eléctricos, cloacales, humedad en las paredes, falta de ventilación, entre otros. Los detalles de este panorama señalan que dos pabellones de Nogués fueron declarados inhabitables por una jueza, a pesar de lo cual se siguen alojando chicos. El centro platense de calle 63 figura en un informe por la escasez de camas y la existencia de chicos durmiendo en el piso. También hay chicos durmiendo en pasillos y en el piso en el instituto de Mar del Plata. En el instituto Lugones, de Azul, los empleados han denunciado recientemente que los menores están descalzos, por falta de fondos para comprarles zapatillas.
"Estas condiciones hacen indigna la situación de los menores, pero también convierten en indigna las condiciones laborales del personal", expresa Agüero y Ferreyra, quienes aseguran que es manifiesta en la mayoría de los institutos la insuficiencia de empleados, que terminan con problemas de salud y psiquiátricos en niveles muy elevados. Los trabajadores calculan que faltan unos 300 empleados en los centros de régimen cerrado.
Preux y Agüero puntualizan que en este contexto se suelen mezclar chicos internados por delitos menores con otros que cometieron delitos muy graves, "sobre todo en los últimos meses, en que los jueces están enviando más menores a institutos de régimen cerrado, para cubrirse por la alta repercusión pública de algunos casos".
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