"Enseñar exige comprender que la educación es una forma de intervención en el mundo" - (Paulo Freire)
"Cátedra Libre Educárcel": abril 2009
Ultima actualización 9 de febrero de 2012.

martes, 28 de abril de 2009

“Bajar la edad de imputabilidad es una medida demagógica”

(Fuente: Movimiento Librerías del Sur) 27 de abril de 2009
Entrevista a Nils Kastberg. Director regional de Unicef para América Latina y el Carie. Experto en infancia y exclusión social. Vino al país alarmado por la discusión sobre la nueva ley penal juvenil. Con datos, argumentos y experiencias internacionales explica por qué no sirve penalizar a los niños. Detalla la postura de Unicef sobre el tema. Por Mariana Carbajal en Página 12.
El director regional para América Latina y el Caribe de Unicef, el sueco Nils Kastberg, estuvo apenas 36 horas en Buenos Aires. Vino al país, en una visita relámpago, para reunirse con el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, y plantearle su preocupación por el tenor que está tomando el debate en torno de una nueva ley penal juvenil –tras el asesinato de un chofer de Valentín Alsina a manos de un chico de 14 años– y transmitirle personalmente la posición del organismo internacional en el tema. Poco después de ese encuentro, Kastberg conversó en exclusiva con Página/12. En una extensa charla –cuyos puntos principales se reproducen a continuación– el experto calificó como “una medida demagógica” bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, como promueven la mayoría de los proyectos que empezaron a discutirse en el Congreso, dado que apenas “15 homicidios dolosos al año” tienen como partícipes a niños de menos de 15 años en el país. “Quiero advertirles que no es cierto lo que algunos sectores dicen, que al aplicar más penas la situación va a mejorar. Lo que se tiene que mejorar es lo que se hace con el chico durante el tiempo de la pena que se establezca. Lo que se tendría que discutir es qué calidad de rehabilitación se le va a ofrecer. Eso es lo que les va a dar seguridad”, señaló el especialista a este diario. Y cuestionó que hoy en los institutos de menores apenas se les brinda en promedio dos horas de educación. “Hay que ofrecerle al chico un proceso reeducativo integral para que cuando salga sienta que tiene algo que no quiere perder”, puntualizó. Kastberg describió además cómo aumentó la criminalidad en los países centroamericanos que aplicaron recetas de “mano más dura” con los menores de edad y destacó experiencias exitosas en Cuba y Colombia con el tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal.
Kastberg llegó a Buenos Aires el miércoles por la noche, directo desde Ginebra, donde participó de la Cumbre Mundial contra el Racismo. El viernes por la mañana emprendió el regreso a Panamá, donde tiene la sede la Oficina Regional de Unicef. El jueves tuvo su encuentro con el ministro Fernández y aceptó la entrevista de este diario, en una maratónica agenda, como es ya habitual en su vida. La mayor parte de ella la pasa arriba de un avión, desde que a comienzos de la década del ’80 empezó a trabajar en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur), donde le tocó –entre tantos destinos– desmovilizar a miles de niños soldados en Sudán. Conoce América latina y el Caribe casi como la palma de su mano: y la situación de los niños, niñas y adolescentes, que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad –social y sanitaria– son su desvelo. Habla español de forma impecable. Apenas tiene un segundo libre, chequea correos electrónicos en su Blackberry.
–¿Qué es lo que le preocupa del debate que comenzó en el país en torno de la necesidad de una nueva ley penal juvenil?
–La Argentina tiene uno de los niveles de homicidio doloso más bajos de América latina y el Caribe: 5,5 cada 100 mil habitantes, según las estadísticas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Las tasas de El Salvador, Jamaica, Honduras y Trinidad y Tobago –57, 55, 32 y 20, respectivamente–, están entre las más altas del mundo. La Argentina está hoy en una posición desde la que puede evitar lo que ya se probó en Centroamérica y no funcionó. Allí metieron pena de muerte, extendieron penas...
–¿Para adultos y personas menores de 18 años?
–Sí. ¿Qué lograron? Subieron los índices de violencia y delito. Dieron muchos poderes a la policía, incluso de arrestar en algo que llaman prisión cautelar, que se aplica solo con menores de 18 años: antes de que hagan algo, si tienen un tatuaje o los ven cara de querer hacer lío esa noche, lo llevan a la comisaría.
–¿Sin denuncia ni acusación?
–Sin denuncia. Los pueden tener una noche o un mes. La policía nunca tuvo tanta capacidad de actuación como la que tiene en Centroamérica. ¿Qué lograron? Que se profesionalizó la utilización de menores en el crimen. Como los empezaron a meter más y más en prisión, las cárceles están repletas y se convirtieron en centros de comando del delito: todos saben que en algún momento los van a meter presos y les van a dar una flor de paliza si no hacen lo que les dicen en la cárcel que tienen que hacer. Apenas los sueltan y tienen la instrucción de matar a tal, más vale que lo hacen, porque si al día siguiente los agarran por cualquier cosa y no lo hicieron, les van a dar semejante paliza que nunca más van a querer desobedecer, si sobreviven. La mayoría de los maras que yo he encontrado tienen una historia de violencia familiar. Me contaba una chica de 18 años que había sido marera y estaba estudiando psicología, que entre los 10 y 12 años un familiar allegado a su casa había abusado sistemáticamente de ella. La chica le trataba de decir a la madre y al padre, pero no le llevaban al apunte. A los 12 quedó embarazada. El padre le empezó a pegar y a echarle la culpa, acusándola de haber seducido al tío. Le pegó tanto que perdió el embarazo. Desesperada, dejó su casa. ¿A dónde fue? A las maras, el único sitio dónde la podían proteger. Para ingresar tuvo que tener relaciones sexuales con siete muchachos, una especie de pasaje de iniciación. Para ella, eso no era nada, frente a los abusos y la violencia que había sufrido en su familia. ¿Qué pasa con muchos de los chicos que están metidos en violencia? No tienen nada que perder.
–¿Cuál es el camino que propone Unicef?
–Políticas integrales. Si un chico de 14 años mata a alguien, tiene que haber habido todo un sistema de adultos que no funcionó y otro sistema de adultos que se aprovechó de él. A veces, estamos frente a la segunda o tercera generación de chicos que se han criado sin valores, sin afecto, sin amor. Me encontré con un chico en República Dominicana en un centro para niños de la calle, donde podían ir durante el día para recibir algo de educación, en las horas en que no estaban vendiendo algo. Ese chico me cuenta que la primera vez que recibió un abrazo en su vida fue en ese centro, a los 12 años. El punto de partida en este debate no tiene que ser adultocéntrico, particularmente si sabemos que, en nuestra región, 80 mil chicos mueren por violencia intrafamiliar cada año y en la mayor parte de los casos, con impunidad.
–¿Quiere decir que son casos que no son juzgados ni reciben una condena?
–La policía no quiere meterse, en el hospital los padres dicen que el niño se cayó. ¿Por qué no actuamos con la misma celeridad en esos casos como queremos actuar cuando un adolescente comete un crimen? Si los adolescentes mataran a 80 mil adultos cada año, estoy seguro de que estarían todos los medios ocupándose del tema. En vez de nosotros, como adultos, reconocer que hemos fallado, estamos queriendo caerles a los adolescentes con castigo. ¿Cuál es la propuesta de Unicef? ¿Impunidad? No. Un chico que ha cometido el más horrendo de los crímenes necesita ante todo ser rehabilitado. Imagínese si matara a mi hija, ¿qué es lo que yo quisiera? Primero, un proceso corto. Segundo, que el juez lo ponga en un centro en el que el chico pueda ser desprogramado de esa violencia. Cuando yo trabajaba con niños soldados en el sur de Sudán, hace diez años, teníamos que desmovilizarlos. Había unos 12 mil, menores de 18 años, que eran parte de la guerrilla. Había de todo, desde combatientes hasta aquellos que proveían información del frente de guerra. Nosotros consideramos que necesitaban por lo menos seis meses de rehabilitación antes de animarnos a mandarlos de vuelta con su familia.
–¿Por qué?
–En primer lugar, si está criado en un contexto de violencia, tirando tiros, acostumbrado a resolver todo con un arma, no lo podés mandar de vuelta con su madre o su tía. Segundo: seguramente ese chico no tuvo educación primaria porque estuvo metido en esas fuerzas. Necesita un proceso educativo porque si no, llega de vuelta y frente a otros chicos que sí han tenido la posibilidad de ir a la escuela, va a ser el más desempoderado, al no tener un arma. Si de repente, de haber sido el jefe de una banda, es el más débil de todos, porque ni siquiera sabe leer y escribir o lo hace mal, va a buscarse un arma para volver a tener el poder. En este momento, en Cuba están cambiando el modo en que trabajan el tema de justicia penal juvenil.
–¿Qué están haciendo?
–Tiraron abajo los muros de los institutos, incluso de aquellos en que hay chicos que cometieron delitos graves. Los convirtieron en centros abiertos y les metieron muchísima educación. En este momento, en la Argentina un adolescente que es enviado a un instituto recibe un promedio de dos horas de educación diarias. En Cuba, le dan entre 10 y 12 horas por día de arte, cultura, deporte, enseñanza de un oficio que le interese. Ahora les están cambiando el uniforme para que tenga el mismo que usa cualquier chico de secundaria y cuando se celebra un acto cívico al que concurren estudiantes, ellos también van.
–¿Aun los que han cometido delitos más graves, como un homicidio?
–Todos. Me encontré con uno allí, de 15 años, que había cometido un homicidio. Una trabajadora social trabajaba con su novia de 14 años, que dos meses antes había dado a luz a un bebé. ¿Qué pasa con ese chico? Está empezando a tener algo que no quiere perder: la oportunidad de tener un trabajo, de cuidar de su novia y su bebecito. La filosofía de trabajo que están utilizando es que el proceso de reinserción social empieza el primer día que llegan. No tienen una pena fija sino que el juez los manda al centro y después es un equipo que trabaja con ese chico el que decide cuando considera que el proceso de rehabilitación se ha completado.
–¿No se corre el riesgo de que ese plazo sea arbitrario y haya abusos en el tiempo de encierro?
(Piensa algunos segundos) –En este momento, prefiero ese sistema a que me digan que la pena debe ser de 10 o 15 años.
–La mayoría de los proyectos que empezaron a discutirse la última semana en el Congreso plantean bajar la edad de imputabilidad a 14 años. ¿Qué opina?
–No estoy de acuerdo. El tema no pasa por bajar de 16 a 14 años. Incluso, considero demagógica esa reducción.
–¿Por qué?
–En la Argentina hay unos 2000 homicidios dolosos al año. De ese total, en unos doscientos han participado menores de 18 años. De esos doscientos, 150 corresponden a jóvenes de 16 a 18 años. Quedan 50, de los cuales en 35, los responsables tenían 15. ¿Cuántos quedan?
–Quince.
–¿Qué los tiene que asustar a los argentinos? ¿Esos 15 homicidios? No. Me parece totalmente demagógico, por no usar una palabra indecente, pensar que se va a resolver el tema de la violencia en la Argentina enfocándose en esos 15 casos. ¿Qué es lo que quisiéramos lograr? Garantías en el proceso y que sea lo suficientemente ágil. Hay que trabajar en un proceso de rehabilitación social. Si se sigue con el método actual, con apenas dos horas de educación, más bien los estamos almacenando para que puedan seguir haciendo lo que hacían antes.
–Pero, ¿qué pasa si vuelve después de una rehabilitación a la misma familia y contexto que no lo contuvo, que no le dio cariño y lo maltrató?
–Ahí hace falta un proceso de seguimiento social del entorno del chico. Eso también es importante. Parecería que aquellos que están metidos en la criminalidad son más capaces de desarrollar a este adolescente para lo malo, que la sociedad para el bien.
–Además de la experiencia de Cuba, ¿hay otras en la región para destacar en el tratamiento a jóvenes en conflicto con la ley penal?
–Sí, en Colombia, por ejemplo, hay instituciones tipo Don Bosco que trabajan muy bien con los peores casos en el desarrollo vocacional, artístico y musical. Esas posibilidades transforman a los chicos, les dan alegría. La tasa de reincidencia de un centro que visité era menos del 10 por ciento, un nivel bajísimo, que habla de increíbles logros porque por el ambiente del cual provienen esos chicos, es un milagro que no haya más casos. Veo muy positivo que la ciudadanía argentina reaccione frente a un nivel de criminalidad que no le gusta: quisiéramos que fuera cero, pero al tener relativamente bajos niveles de homicidios dolosos, quiero advertirles que no es cierto lo que algunos sectores dicen, que al aplicar más penas la situación va a mejorar. Lo que se tiene que mejorar es lo que se hace con el chico durante el tiempo de la pena que se establezca. Un año más o un año menos de pena no es lo que se tendría que discutir, sino qué calidad de rehabilitación se le va a ofrecer. Eso es lo que les va a dar seguridad. En estos momentos no están haciendo lo que se debe hacer. No están responsabilizando a los adultos suficientemente, no están realizando un seguimiento al entorno que provoca esto, por ejemplo, una familia totalmente disfuncional. Hay que ofrecerle al chico un proceso reeducativo integral para que cuando salga sienta que tiene algo que no quiere perder.
–¿Qué evaluación hace de la reunión que mantuvo con el ministro Aníbal Fernández?
–Claramente hubo una alta receptividad. Me confirmó que el Ejecutivo quiere presentar una propuesta al Congreso lo más pronto posible. En la medida en que haya coincidencia de criterios, estoy dispuesto a salir públicamente a apoyarla.

domingo, 19 de abril de 2009

Bajar la edad de imputabilidad no significa criminalizar la pobreza

(Gentileza de los amigos de "Seguir Soñando")
 
PUBLICADO POR EL DIARIO LA NACION EN SU EDICION DEL 17 DE ABRIL

Por Marta Pascual
Especial para lanacion.com

Imputabilidad significa capacidad de responder por una acción reprobable. A los 14 años, los jóvenes saben diferenciar lo que está bien de lo que está mal, pero para el derecho argentino ese menor aún no tiene la madurez para comprender lo malo de su accionar.
Esto es falaz, pero la baja de la edad de imputabilidad es un tema de política legislativa. La fija el Congreso, de acuerdo a su política criminológica o al tratamiento que le quiera dar a los jóvenes.
Bajar la edad no significa criminalizar la pobreza. No se trata de encarcelar a todos los chicos de corta edad en situación de calle. Lo que significa es hacer que los menores que comentan delitos asuman su responsabilidad por las acciones graves que comprometan la vida y los bienes de la gente.
Más allá de este debate, el encierro es válido siempre y cuando esté acompañado de educación y tratamientos para reinsertar al menor.
Hoy, el sistema falla porque no hay programas en los centros de detención y los jóvenes salen peor de lo que entraron. Por eso reinciden. Y eso es lo que muestra la inoperancia del sistema.
Antes de pensar en bajar la edad imputabilidad, hay que revisar las medidas que se toman cuando un menor comete un delito. Acumularlos en centros que ni siquiera están preparados para tal fin, no tiene sentido
No es que no haya recursos, lo que no hay son programas eficaces.
Hay que trabajar en la situación que los lleva a delinquir y en cómo hacer para que los menores vuelvan a la sociedad recuperados y no reincidan.
Para los jóvenes delincuentes tiene que haber programas de internación en los que, desde el primer día, se trabaje en su "habilitación social", mientras cumplen la pena.
Esto significa que la sociedad sepa que el joven se va a someter a un proceso penal. Que, luego de cumplir su pena (los tratados internacionales mandan que la privación de libertad de jóvenes debe ser lo mas breve posible), vuelva a su comunidad con habilidades laborales y un proyecto de vida
Hoy, estos jóvenes sólo conocen la violencia y la droga, y "salen de caño" a conseguir dinero a costa de la vida de sus vecinos.
La recuperación de los adolescentes violentos es posible a partir de un plan para jóvenes, que debe estar dotado de recursos, personal especializado y tratamiento institucional.
Aquellos buenos modelos que así trabajan nos muestran que los jóvenes son recuperables.
El tema de la niñez y adolescencia no está ni estuvo incluido en la agenda de gobernantes.
Sólo hay ideas espasmódicas a partir de hechos de repercusión que luego se olvidan. También nos olvidamos de los jóvenes que vemos tirados en las esquinas consumidos por el alcohol o las drogas y que, con la sombra de la noche, nos acechan a punta de arma para conseguir el dinero para sobrevivir otro día.
Así, entre día y día, se van llevando la vida de gente trabajadora y dejan familias desoladas.
Mientras, los jóvenes que viven en el delito esperan, sabiendo que tarde o temprano terminarán muertos por otra banda enemiga, por la policía o por una sobredosis. 
*La autora es jueza de menores

LA SEMANA PROXIMA EL CONGRESO EMPIEZA A TRATAR LA LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL

(Gentileza de los amigos de "Seguir Soñando")
PUBLICADO EN LA EDICION DEL 18 DE ABRIL DEL DIARIO PÁGINA 12

Una ley demorada, acelerada por la tragedia

De los doce proyectos que hay en el Congreso, muchos son coincidentes. Pero recién ahora tienen posibilidad de ser aprobados, a raíz de los reclamos por la inseguridad. Prevén penas de prisión sólo para delitos graves, con un máximo de cinco años.
 Por Eduardo Videla
Tal como adelantó Página/12, la semana próxima se pondrá en marcha la maquinaria legislativa para debatir los proyectos para crear un régimen de responsabilidad penal juvenil: tanto en la Comisión de Legislación Penal de Diputados, donde ya son diez las iniciativas presentadas, como en la de Justicia y Asuntos Penales del Senado, donde hay otros dos proyectos, comenzará a debatirse una propuesta de consenso. A esas iniciativas se sumará la que tiene en estudio el Poder Ejecutivo, según adelantó ayer el ministro de Justicia, Aníbal Fernández. Las propuestas con mayor consenso, presentadas por los diputados Emilio García Méndez y Vilma Ibarra, coinciden en crear un tipo de responsabilidad penal diferenciada de la que se aplica a los adultos para los adolescentes de 14 a 18 años, con penas de privación de libertad sólo en casos excepcionales, para delitos graves, con un máximo de 5 años para los de 16 a 17 años, de 3 años para la franja de 14 y 15 años.
La gran incógnita es por qué si en el Congreso hay una docena de proyectos, algunos presentados desde hace años, muchos de los cuales son coincidentes, nunca se sancionó la ley que deroga un decreto de la dictadura, por el cual los menores son inimputables pero pueden ser detenidos por orden judicial, sin garantías procesales.
Para la diputada Vilma Ibarra (Encuentro Popular y Social), la norma no se aprobó porque “no hubo voluntad del oficialismo”. La legisladora cuestionó el reclamo del ex presidente Néstor Kirchner, quien el jueves pidió que el Congreso trate una ley penal juvenil. “No hay que aprovechar las situaciones de angustia y de dolor de la ciudadanía para decir cosas, porque cuando se pudo tratar este tema con mayoría parlamentaria no se trató”, advirtió Ibarra, en dichos de Kirchner después de los reclamos de leyes más duras, tras el crimen de Daniel Capristo. “En el Congreso se trabajó y fue el propio oficialismo el que bloqueó el trabajo en el recinto”, subrayó.
En el mismo sentido se manifestó Emilio García Méndez (Solidaridad e Igualdad): “Celebramos que aunque sea en el peor momento, en el medio de una coyuntura electoral y de alteración pública, el Gobierno haya dado luz verde a sus diputados para tratar el tema”.
En efecto, si bien hay en ambas Cámaras proyectos de legisladores oficialistas, el Gobierno nunca habilitó el debate en el recinto y los acuerdos jamás se convirtieron en un dictamen de comisión. “Los proyectos quedaron atrapados entre las posiciones de la derecha, que impulsa penas para los menores iguales a las de los adultos, y los de sectores de izquierda y algunos organismos de derechos humanos, que consideran que una ley de responsabilidad penal para adolescentes judicializa a los chicos en conflicto con la ley. El oficialismo nunca quiso pagar el costo de tomar posición en este tema”, interpretaron en fuentes legislativas.
La diputada oficialista Diana Conti, una de las que rechazaba el tratamiento de estos proyectos, es ahora una de las principales impulsoras: le pidió al ministro de la Corte, Eugenio Raúl Zaffaroni, la elaboración de un anteproyecto en base a las iniciativas de Ibarra y García Méndez, y luego presentó ese borrador al Ejecutivo, para que desde allí baje al Congreso.
Lo cierto es que la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado se reunirá el martes para tratar los proyectos del radical Gerardo Morales y las kirchneristas Marita Perceval y Sonia Escudero. Al mismo tiempo, asesores de los senadores que integran la comisión se reunirán con sus pares de Diputados para consensuar los dictámenes: no se sabe cuál de las dos Cámaras tratará primero los proyectos en el recinto pero se quieren evitar diferencian que obliguen a modificar lo que se aprobó en la otra Cámara y así se demore la sanción de la ley.
Otro tanto ocurre en Diputados, donde la titular de la Comisión de Legislación Penal, Nora César, confirmó que el lunes comienzan a debatirse los diez proyectos que están en esa comisión: además de los de Ibarra y García Méndez, hay iniciativas de Raúl Burzaco (PRO), Mabel Müller, María Laura Leguizamón, Graciela Gutiérrez y Paula Spatola, entre otros.
Los que creen que éste no es el mejor escenario para el tratamiento de esta ley sostienen que ahora será más difícil imponer el criterio de penas leves para el régimen de menores, o de aplicar penas privativas de libertad sólo en casos excepcionales. “Un adolescente tiene más posibilidades de cambiar que un adulto, los cambios en los chicos son más rápidos. Por eso, los encierros muy largos son contraproducentes: un chico de 14 años que es condenado a 15 años por un delito grave, sale a los 29 años, perdió su juventud, no tiene demasiadas posibilidades de reinserción”, argumentó Vilma Ibarra.
Mientras el ministro de Justicia bonaerense, Casal, insistió con el reclamo del tratamiento de la ley, la procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo, opinó que bajar la edad de imputabilidad de los menores o agrandar las penas “no sirve para modificar un estado de inseguridad”. La jefa de los fiscales bonaerenses dijo que el chico de 14 años acusado de haber asesinado al chofer Daniel Capristo en Valentín Alsina “ha cometido una cuestión gravísima, que es un homicidio, y la prueba está en que el fiscal ha pedido una medida de seguridad, transformar la aprehensión en detención porque este chico no puede estar por la calle”. No obstante, consideró que más allá de este caso particular, plantear una baja en la edad de imputabilidad “es una cuestión muy simplista”.
Ayer, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, anunció que en los próximos días presentará un proyecto de ley en el Congreso para la creación de un Régimen Penal Juvenil a partir de los 14 años “que respete los derechos de los menores” y permita eliminar el sistema tutelar actual. “Se tiene que asegurar un proceso penal que hoy no existe y que se establezcan sanciones para los menores que cometen delitos”, afirmó.

La (in)seguridad y los derechos

 Por Javier Moro *
Una vez más los adolescentes y jóvenes emergen en la agenda pública ligados al tema de la (in)seguridad en los ámbitos urbanos. Estos discursos se instalan sobre la idea de peligrosidad en torno de los mismos y sustentan la necesidad de “mano dura” como mejor o única fórmula en pos de la defensa del resto de la sociedad (poner el eje del debate en la baja de la edad de imputabilidad es un ejemplo al respecto). En contrapunto pugnan los discursos que apelan a un enfoque de derechos e intentan dar cuenta de la complejidad de la problemática y, por ende, de su abordaje. Paradójicamente, mientras estos últimos discursos encuentran algunas fortalezas en reformas legislativas recientes que establecen un nuevo marco de acción hacia las políticas públicas (ley nacional 26.061 y ley provincial 13.298 que derogaron el patronato y la ley provincial 13.634 del nuevo régimen penal juvenil), ante la “opinión pública” aparecen en desventaja.
La escena mediática acota tiempos, simplifica y tiende a generalizar; en esas coordenadas la demanda legítima de seguridad ciudadana con frecuencia es puesta en contradicción con las modalidades llamadas “garantistas” y con los abordajes integrales en términos de derechos para adolescentes y jóvenes. A su vez, el conurbano bonaerense signado por la desigualdad y con amplias zonas de segregación se presenta como un territorio casi inexpugnable en términos de mostrar efectividad desde las políticas públicas que se enmarcan desde un enfoque de derechos.
En la provincia de Buenos Aires está en marcha un proceso de cambio en el marco de la nueva normativa con implicancias directas en los modelos de intervención hacia la infancia y la adolescencia (el pasaje de un modelo de tipo tutelar a uno de protección integral o garantista). Estas políticas impulsan una rearticulación desde el nivel provincial, un desplazamiento del Poder Judicial, un nuevo posicionamiento de los municipios y una implicación distinta de las organizaciones de la sociedad civil para el trabajo en territorio. Como todo proceso de política pública, la instancia de implementación presenta una gran complejidad por la multiplicidad de actores, el marco institucional y la dinámica organizativa que condicionan la puesta en marcha. Esto se ve potenciado en el caso de los municipios del conurbano por la heterogeneidad respecto de las capacidades de gestión de las áreas sociales, las que deben asumir un papel inédito hasta entonces en materia de políticas de infancia y adolescencia.
Este proceso implica un doble desafío en términos de gestión: por un lado, la transformación de las áreas organizacionales del nivel central con largas trayectorias bajo el anterior modelo tutelar y anclados en dispositivos judiciales y, por otro, la puesta en funcionamiento de un dispositivo novedoso en el nivel local tanto en la promoción como en la protección y restitución de derechos. Allí, la “bajada” del nuevo modelo traslada hacia el nivel local una tensión: mientras la línea de acción de las intervenciones de restitución de derechos aparece más orientada por la lógica del “caso a caso” (intervenciones personalizadas con los niños/as y adolescentes y el grupo familiar), la puesta en funcionamiento de políticas activas de promoción de derechos en el territorio implica la puesta en funcionamiento de líneas de acción en una escala mayor que incida en la situación social efectiva de la infancia y la adolescencia. Sin embargo, las áreas sociales de los municipios suelen verse demandadas (y con frecuencia desbordadas) por la emergencia constante que plantea la atención de las situaciones de vulneración de derechos y esa dinámica conspira para la implementación de políticas territoriales de promoción de derechos (sean éstas directas o muy articuladas con las OSC que trabajan en el territorio).
Si el espacio mediático, por las características de simplificación y sensacionalismo, resulta de por sí un escenario a contrapelo para la legitimidad de las nuevas políticas, la instalación de modelos donde prima la lógica del “caso a caso” en los nuevos servicios locales de los municipios plantea el dilema de que la mentada transformación se reduzca (exclusivamente) a un cambio de procedimientos (bienvenido, por cierto), pero cuyo precio sea posponer (una vez más) la implementación de una política efectiva (y a escala) de inclusión social para los adolescentes en el ámbito local.

* Antropólogo, investigador, docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

Impulsan una ley para chicos que roban y matan.

(Gentileza de los amigos de "Seguir Soñando")
 
PUBLICADO EN LA EDICION DEL 18 DE ABRIL DEL DIARIO CRITICA DE LA ARGENTINA
 
El gobierno responde a la presión por el crimen del camionero de valentín alsina. juzgarán a pibes de 14 a 18 años

Las razones electorales de Néstor Kirchner para promover un proyecto presentado como”progre” que satisface el reclamo social de mano dura. Las cifras que maneja la Rosada sobre delincuencia juvenil.

Apurado por la indignación popular que siguió al crimen de Daniel Capristo en Valentín Alsina, el Gobierno decidió impulsar en tiempo récord el envío al Congreso de un proyecto de ley especial de responsabilidad penal juvenil para juzgar a los pibes de 14 a 18 años que delinquen. Hasta ahora, los menores de 16 como “el Dani”, el chico que mató a Capristo, quedan bajo la tutela de la Justicia, que los considera inimputables. Este diario accedió en exclusiva a las cifras sobre delito juvenil que maneja el kirchnerismo, un informe de la Fundación de Estudios para la Justicia (Fundejus): seis de cada 100 delitos son cometidos por adolescentes.

El trabajo de Fundejus revela que en 2007 se inició un promedio de 557 causas en los siete tribunales de menores de Capital Federal, mientras que el promedio de expedientes de delitos cometidos por adultos registrados en los juzgados de instrucción y correccional es de 9.300. De esa comparación surge que los chicos protagonizan el 6% de los delitos, una cifra que está dentro de los parámetros internacionales de delincuencia juvenil, según informó a Crítica de la Argentina el diputado nacional del ARI y especialista en penalidad juvenil Emilio García Méndez.

De las causas que ingresaron durante 2007 en los juzgados de menores, el 57% son por robo. Por ese delito quedaron detenidos el 70% de los chicos que están alojados en institutos. A pesar de la sensación de aumento de la criminalidad, los registros de la Suprema Corte Bonaerense revelan que entre  2000 y 2007 bajó la delincuencia en los jóvenes. En 2000 había 72.708 causas iniciadas y en 2007 la cifra llegó a 52.101.

¿MANO DURA? Con estas cifras en carpeta y la gente en la calle reclamando dureza, Aníbal Fernández fue el encargado de cristalizar la nueva postura del Gobierno: “Todo menor sabe que está prohibido robar y matar. Si un chico comete delitos graves tiene que tener sanciones graves”, dijo en el mismo momento en que familiares y amigos de Capristo marchaban al Obelisco pidiendo una nueva ley penal para los adolescentes. Desde el Congreso, el oficialismo también mostró celeridad.

La titular de la Comisión de Legislación Penal, Nora César, dijo que el martes comenzarían a avanzar en un proyecto de consenso. Desde el Senado, Miguel Pichetto se mostró activo. Las directivas para impulsar un nuevo régimen habían salido directamente desde la Quinta de Olivos.

Néstor Kirchner tomó esa decisión mientras miraba por televisión la marcha de la bronca, que recorrió el jueves las calles de Valentín Alsina pidiendo justicia. Fue una respuesta espasmódica y sin predeterminación que el ex presidente filtró apenas después, cuando habló en un acto en San Miguel: “Es hora de que la Justicia tome las determinaciones que corresponden. No puede dejar en libertad, por más inimputable que sea, a alguien que tenga ese marco de peligrosidad”, dijo, y aprovechó para defender al gobernador y compañero de fórmula, Daniel Scioli: “¿Qué puede hacer el gobernador con un menor que hace un año tuvo un problema con una pistola en el colegio y no lo internaron, y luego si ese menor roba una moto con una pistola en enero de este año y tampoco la Justicia lo interna?”.

EL IMPULSO. Según informaron fuentes con acceso a la intimidad de la Quinta de Olivos, los dos ministros del Ejecutivo nacional que tienen injerencia en los temas de criminalidad se enteraron en vivo del cambio de postura de Kirchner, que durante todo su gobierno mandó a frenar el avance en comisiones de los ocho proyectos de ley que fueron generándose en el Congreso para darle un marco legal actualizado a la criminalidad en los chicos.

Laura Mussa, ex diputada del ARI y autora del primer proyecto dijo a este diario que “la Presidenta, mientras era senadora, no quiso jamás tratar el tema de la criminalidad en los menores. Decía que no era un momento políticamente correcto”.

LA COCINA. El jueves, una vez que terminó su discurso, el ex presidente volvió a la Quinta de Olivos en helicóptero y se reunió con el jefe de Gabinete, Sergio Massa, y con el ministro del Interior, Florencio Randazzo. Los tres analizaron lo que había dicho el ex presidente y se concentraron en qué se podía hacer para calmar la sed de mano dura de la sociedad sin desairar la pátina progresista del kirchnerismo. Fue entonces cuando el mismo Kirchner mandó a ministros y asesores a buscar material para impulsar algún proyecto. La conexión fue casi instantánea: el domingo pasado, el juez de la Corte Raúl Eugenio Zaffaroni había vuelto a instalar en la agenda mediática la necesidad de “un nuevo régimen para los menores”. Lo dijo cuando todavía nadie pensaba que un chico de 14 años iba a descargar las nueve balas de un arma en un chofer de correo Andreani.

A Kirchner le vino perfecto: decidió que el proyecto a tratar contará con la asesoría del prestigioso juez que ahora propone unificar los criterios del mayor y más antiguo especialista en el tema, Emilio García Méndez, y de la senadora Vilma Ibarra. Y la sociedad tendrá lo que pide.

Juez Fayt: “No a la ley de la selva”

“La nación no puede vivir bajo el imperio de la ley de la selva”, dijo el juez Carlos Fayt, el mayor de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y consideró que la solución a la actual situación de inseguridad tiene que surgir de una respuesta integral elaborada por “los tres poderes”.

Fayt fue consultado cuando salía de su casa, sobre las palabras del ex presidente Néstor Kirchner, quien durante un acto en San Miguel acusó a la Justicia de no haber detenido a tiempo al menor de 14 años que asesinó al camionero Daniel Capristo. “El problema es amplio”, se atajó Fayt y pidió a los periodistas: “No me obliguen a improvisar lo que no debo improvisar”. Consideró que reformar la legislación penal para que puedan ser juzgados los menores de 16 años que cometen delitos es una posibilidad y que “lo tienen que decidir cada uno de los poderes”. Reiteró que son “los tres poderes” y no sólo el Judicial, los que deben dar respuestas a los ciudadanos por la actual ola de inseguridad. El ministro decano de la Corte Suprema sostuvo que “cada uno (de los poderes) tiene una función que cumplir, esa función tiene que ser cumplida y ustedes tienen que controlarlo”, indicó a los periodistas.

Cuando se le preguntó si en el problema de los menores había fallado la Justicia, Fayt respondió tajante: “No, no falló. Lo que pasa es que el país vive una situación muy excepcional”. Pero advirtió que, mientras tanto, “la Nación no puede vivir bajo el imperio de la ley de la selva” y añadió “los poderes están al servicio de la Nación”. “Hay que examinar todas las alternativas”, concluyó Fayt.