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"Cátedra Libre Educárcel": Impulsan una ley para chicos que roban y matan.
Ultima actualización 9 de febrero de 2012.

domingo, 19 de abril de 2009

Impulsan una ley para chicos que roban y matan.

(Gentileza de los amigos de "Seguir Soñando")
 
PUBLICADO EN LA EDICION DEL 18 DE ABRIL DEL DIARIO CRITICA DE LA ARGENTINA
 
El gobierno responde a la presión por el crimen del camionero de valentín alsina. juzgarán a pibes de 14 a 18 años

Las razones electorales de Néstor Kirchner para promover un proyecto presentado como”progre” que satisface el reclamo social de mano dura. Las cifras que maneja la Rosada sobre delincuencia juvenil.

Apurado por la indignación popular que siguió al crimen de Daniel Capristo en Valentín Alsina, el Gobierno decidió impulsar en tiempo récord el envío al Congreso de un proyecto de ley especial de responsabilidad penal juvenil para juzgar a los pibes de 14 a 18 años que delinquen. Hasta ahora, los menores de 16 como “el Dani”, el chico que mató a Capristo, quedan bajo la tutela de la Justicia, que los considera inimputables. Este diario accedió en exclusiva a las cifras sobre delito juvenil que maneja el kirchnerismo, un informe de la Fundación de Estudios para la Justicia (Fundejus): seis de cada 100 delitos son cometidos por adolescentes.

El trabajo de Fundejus revela que en 2007 se inició un promedio de 557 causas en los siete tribunales de menores de Capital Federal, mientras que el promedio de expedientes de delitos cometidos por adultos registrados en los juzgados de instrucción y correccional es de 9.300. De esa comparación surge que los chicos protagonizan el 6% de los delitos, una cifra que está dentro de los parámetros internacionales de delincuencia juvenil, según informó a Crítica de la Argentina el diputado nacional del ARI y especialista en penalidad juvenil Emilio García Méndez.

De las causas que ingresaron durante 2007 en los juzgados de menores, el 57% son por robo. Por ese delito quedaron detenidos el 70% de los chicos que están alojados en institutos. A pesar de la sensación de aumento de la criminalidad, los registros de la Suprema Corte Bonaerense revelan que entre  2000 y 2007 bajó la delincuencia en los jóvenes. En 2000 había 72.708 causas iniciadas y en 2007 la cifra llegó a 52.101.

¿MANO DURA? Con estas cifras en carpeta y la gente en la calle reclamando dureza, Aníbal Fernández fue el encargado de cristalizar la nueva postura del Gobierno: “Todo menor sabe que está prohibido robar y matar. Si un chico comete delitos graves tiene que tener sanciones graves”, dijo en el mismo momento en que familiares y amigos de Capristo marchaban al Obelisco pidiendo una nueva ley penal para los adolescentes. Desde el Congreso, el oficialismo también mostró celeridad.

La titular de la Comisión de Legislación Penal, Nora César, dijo que el martes comenzarían a avanzar en un proyecto de consenso. Desde el Senado, Miguel Pichetto se mostró activo. Las directivas para impulsar un nuevo régimen habían salido directamente desde la Quinta de Olivos.

Néstor Kirchner tomó esa decisión mientras miraba por televisión la marcha de la bronca, que recorrió el jueves las calles de Valentín Alsina pidiendo justicia. Fue una respuesta espasmódica y sin predeterminación que el ex presidente filtró apenas después, cuando habló en un acto en San Miguel: “Es hora de que la Justicia tome las determinaciones que corresponden. No puede dejar en libertad, por más inimputable que sea, a alguien que tenga ese marco de peligrosidad”, dijo, y aprovechó para defender al gobernador y compañero de fórmula, Daniel Scioli: “¿Qué puede hacer el gobernador con un menor que hace un año tuvo un problema con una pistola en el colegio y no lo internaron, y luego si ese menor roba una moto con una pistola en enero de este año y tampoco la Justicia lo interna?”.

EL IMPULSO. Según informaron fuentes con acceso a la intimidad de la Quinta de Olivos, los dos ministros del Ejecutivo nacional que tienen injerencia en los temas de criminalidad se enteraron en vivo del cambio de postura de Kirchner, que durante todo su gobierno mandó a frenar el avance en comisiones de los ocho proyectos de ley que fueron generándose en el Congreso para darle un marco legal actualizado a la criminalidad en los chicos.

Laura Mussa, ex diputada del ARI y autora del primer proyecto dijo a este diario que “la Presidenta, mientras era senadora, no quiso jamás tratar el tema de la criminalidad en los menores. Decía que no era un momento políticamente correcto”.

LA COCINA. El jueves, una vez que terminó su discurso, el ex presidente volvió a la Quinta de Olivos en helicóptero y se reunió con el jefe de Gabinete, Sergio Massa, y con el ministro del Interior, Florencio Randazzo. Los tres analizaron lo que había dicho el ex presidente y se concentraron en qué se podía hacer para calmar la sed de mano dura de la sociedad sin desairar la pátina progresista del kirchnerismo. Fue entonces cuando el mismo Kirchner mandó a ministros y asesores a buscar material para impulsar algún proyecto. La conexión fue casi instantánea: el domingo pasado, el juez de la Corte Raúl Eugenio Zaffaroni había vuelto a instalar en la agenda mediática la necesidad de “un nuevo régimen para los menores”. Lo dijo cuando todavía nadie pensaba que un chico de 14 años iba a descargar las nueve balas de un arma en un chofer de correo Andreani.

A Kirchner le vino perfecto: decidió que el proyecto a tratar contará con la asesoría del prestigioso juez que ahora propone unificar los criterios del mayor y más antiguo especialista en el tema, Emilio García Méndez, y de la senadora Vilma Ibarra. Y la sociedad tendrá lo que pide.

Juez Fayt: “No a la ley de la selva”

“La nación no puede vivir bajo el imperio de la ley de la selva”, dijo el juez Carlos Fayt, el mayor de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y consideró que la solución a la actual situación de inseguridad tiene que surgir de una respuesta integral elaborada por “los tres poderes”.

Fayt fue consultado cuando salía de su casa, sobre las palabras del ex presidente Néstor Kirchner, quien durante un acto en San Miguel acusó a la Justicia de no haber detenido a tiempo al menor de 14 años que asesinó al camionero Daniel Capristo. “El problema es amplio”, se atajó Fayt y pidió a los periodistas: “No me obliguen a improvisar lo que no debo improvisar”. Consideró que reformar la legislación penal para que puedan ser juzgados los menores de 16 años que cometen delitos es una posibilidad y que “lo tienen que decidir cada uno de los poderes”. Reiteró que son “los tres poderes” y no sólo el Judicial, los que deben dar respuestas a los ciudadanos por la actual ola de inseguridad. El ministro decano de la Corte Suprema sostuvo que “cada uno (de los poderes) tiene una función que cumplir, esa función tiene que ser cumplida y ustedes tienen que controlarlo”, indicó a los periodistas.

Cuando se le preguntó si en el problema de los menores había fallado la Justicia, Fayt respondió tajante: “No, no falló. Lo que pasa es que el país vive una situación muy excepcional”. Pero advirtió que, mientras tanto, “la Nación no puede vivir bajo el imperio de la ley de la selva” y añadió “los poderes están al servicio de la Nación”. “Hay que examinar todas las alternativas”, concluyó Fayt.

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