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"Cátedra Libre Educárcel": LA SEMANA PROXIMA EL CONGRESO EMPIEZA A TRATAR LA LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL
Ultima actualización 9 de febrero de 2012.

domingo, 19 de abril de 2009

LA SEMANA PROXIMA EL CONGRESO EMPIEZA A TRATAR LA LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL

(Gentileza de los amigos de "Seguir Soñando")
PUBLICADO EN LA EDICION DEL 18 DE ABRIL DEL DIARIO PÁGINA 12

Una ley demorada, acelerada por la tragedia

De los doce proyectos que hay en el Congreso, muchos son coincidentes. Pero recién ahora tienen posibilidad de ser aprobados, a raíz de los reclamos por la inseguridad. Prevén penas de prisión sólo para delitos graves, con un máximo de cinco años.
 Por Eduardo Videla
Tal como adelantó Página/12, la semana próxima se pondrá en marcha la maquinaria legislativa para debatir los proyectos para crear un régimen de responsabilidad penal juvenil: tanto en la Comisión de Legislación Penal de Diputados, donde ya son diez las iniciativas presentadas, como en la de Justicia y Asuntos Penales del Senado, donde hay otros dos proyectos, comenzará a debatirse una propuesta de consenso. A esas iniciativas se sumará la que tiene en estudio el Poder Ejecutivo, según adelantó ayer el ministro de Justicia, Aníbal Fernández. Las propuestas con mayor consenso, presentadas por los diputados Emilio García Méndez y Vilma Ibarra, coinciden en crear un tipo de responsabilidad penal diferenciada de la que se aplica a los adultos para los adolescentes de 14 a 18 años, con penas de privación de libertad sólo en casos excepcionales, para delitos graves, con un máximo de 5 años para los de 16 a 17 años, de 3 años para la franja de 14 y 15 años.
La gran incógnita es por qué si en el Congreso hay una docena de proyectos, algunos presentados desde hace años, muchos de los cuales son coincidentes, nunca se sancionó la ley que deroga un decreto de la dictadura, por el cual los menores son inimputables pero pueden ser detenidos por orden judicial, sin garantías procesales.
Para la diputada Vilma Ibarra (Encuentro Popular y Social), la norma no se aprobó porque “no hubo voluntad del oficialismo”. La legisladora cuestionó el reclamo del ex presidente Néstor Kirchner, quien el jueves pidió que el Congreso trate una ley penal juvenil. “No hay que aprovechar las situaciones de angustia y de dolor de la ciudadanía para decir cosas, porque cuando se pudo tratar este tema con mayoría parlamentaria no se trató”, advirtió Ibarra, en dichos de Kirchner después de los reclamos de leyes más duras, tras el crimen de Daniel Capristo. “En el Congreso se trabajó y fue el propio oficialismo el que bloqueó el trabajo en el recinto”, subrayó.
En el mismo sentido se manifestó Emilio García Méndez (Solidaridad e Igualdad): “Celebramos que aunque sea en el peor momento, en el medio de una coyuntura electoral y de alteración pública, el Gobierno haya dado luz verde a sus diputados para tratar el tema”.
En efecto, si bien hay en ambas Cámaras proyectos de legisladores oficialistas, el Gobierno nunca habilitó el debate en el recinto y los acuerdos jamás se convirtieron en un dictamen de comisión. “Los proyectos quedaron atrapados entre las posiciones de la derecha, que impulsa penas para los menores iguales a las de los adultos, y los de sectores de izquierda y algunos organismos de derechos humanos, que consideran que una ley de responsabilidad penal para adolescentes judicializa a los chicos en conflicto con la ley. El oficialismo nunca quiso pagar el costo de tomar posición en este tema”, interpretaron en fuentes legislativas.
La diputada oficialista Diana Conti, una de las que rechazaba el tratamiento de estos proyectos, es ahora una de las principales impulsoras: le pidió al ministro de la Corte, Eugenio Raúl Zaffaroni, la elaboración de un anteproyecto en base a las iniciativas de Ibarra y García Méndez, y luego presentó ese borrador al Ejecutivo, para que desde allí baje al Congreso.
Lo cierto es que la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado se reunirá el martes para tratar los proyectos del radical Gerardo Morales y las kirchneristas Marita Perceval y Sonia Escudero. Al mismo tiempo, asesores de los senadores que integran la comisión se reunirán con sus pares de Diputados para consensuar los dictámenes: no se sabe cuál de las dos Cámaras tratará primero los proyectos en el recinto pero se quieren evitar diferencian que obliguen a modificar lo que se aprobó en la otra Cámara y así se demore la sanción de la ley.
Otro tanto ocurre en Diputados, donde la titular de la Comisión de Legislación Penal, Nora César, confirmó que el lunes comienzan a debatirse los diez proyectos que están en esa comisión: además de los de Ibarra y García Méndez, hay iniciativas de Raúl Burzaco (PRO), Mabel Müller, María Laura Leguizamón, Graciela Gutiérrez y Paula Spatola, entre otros.
Los que creen que éste no es el mejor escenario para el tratamiento de esta ley sostienen que ahora será más difícil imponer el criterio de penas leves para el régimen de menores, o de aplicar penas privativas de libertad sólo en casos excepcionales. “Un adolescente tiene más posibilidades de cambiar que un adulto, los cambios en los chicos son más rápidos. Por eso, los encierros muy largos son contraproducentes: un chico de 14 años que es condenado a 15 años por un delito grave, sale a los 29 años, perdió su juventud, no tiene demasiadas posibilidades de reinserción”, argumentó Vilma Ibarra.
Mientras el ministro de Justicia bonaerense, Casal, insistió con el reclamo del tratamiento de la ley, la procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo, opinó que bajar la edad de imputabilidad de los menores o agrandar las penas “no sirve para modificar un estado de inseguridad”. La jefa de los fiscales bonaerenses dijo que el chico de 14 años acusado de haber asesinado al chofer Daniel Capristo en Valentín Alsina “ha cometido una cuestión gravísima, que es un homicidio, y la prueba está en que el fiscal ha pedido una medida de seguridad, transformar la aprehensión en detención porque este chico no puede estar por la calle”. No obstante, consideró que más allá de este caso particular, plantear una baja en la edad de imputabilidad “es una cuestión muy simplista”.
Ayer, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, anunció que en los próximos días presentará un proyecto de ley en el Congreso para la creación de un Régimen Penal Juvenil a partir de los 14 años “que respete los derechos de los menores” y permita eliminar el sistema tutelar actual. “Se tiene que asegurar un proceso penal que hoy no existe y que se establezcan sanciones para los menores que cometen delitos”, afirmó.

La (in)seguridad y los derechos

 Por Javier Moro *
Una vez más los adolescentes y jóvenes emergen en la agenda pública ligados al tema de la (in)seguridad en los ámbitos urbanos. Estos discursos se instalan sobre la idea de peligrosidad en torno de los mismos y sustentan la necesidad de “mano dura” como mejor o única fórmula en pos de la defensa del resto de la sociedad (poner el eje del debate en la baja de la edad de imputabilidad es un ejemplo al respecto). En contrapunto pugnan los discursos que apelan a un enfoque de derechos e intentan dar cuenta de la complejidad de la problemática y, por ende, de su abordaje. Paradójicamente, mientras estos últimos discursos encuentran algunas fortalezas en reformas legislativas recientes que establecen un nuevo marco de acción hacia las políticas públicas (ley nacional 26.061 y ley provincial 13.298 que derogaron el patronato y la ley provincial 13.634 del nuevo régimen penal juvenil), ante la “opinión pública” aparecen en desventaja.
La escena mediática acota tiempos, simplifica y tiende a generalizar; en esas coordenadas la demanda legítima de seguridad ciudadana con frecuencia es puesta en contradicción con las modalidades llamadas “garantistas” y con los abordajes integrales en términos de derechos para adolescentes y jóvenes. A su vez, el conurbano bonaerense signado por la desigualdad y con amplias zonas de segregación se presenta como un territorio casi inexpugnable en términos de mostrar efectividad desde las políticas públicas que se enmarcan desde un enfoque de derechos.
En la provincia de Buenos Aires está en marcha un proceso de cambio en el marco de la nueva normativa con implicancias directas en los modelos de intervención hacia la infancia y la adolescencia (el pasaje de un modelo de tipo tutelar a uno de protección integral o garantista). Estas políticas impulsan una rearticulación desde el nivel provincial, un desplazamiento del Poder Judicial, un nuevo posicionamiento de los municipios y una implicación distinta de las organizaciones de la sociedad civil para el trabajo en territorio. Como todo proceso de política pública, la instancia de implementación presenta una gran complejidad por la multiplicidad de actores, el marco institucional y la dinámica organizativa que condicionan la puesta en marcha. Esto se ve potenciado en el caso de los municipios del conurbano por la heterogeneidad respecto de las capacidades de gestión de las áreas sociales, las que deben asumir un papel inédito hasta entonces en materia de políticas de infancia y adolescencia.
Este proceso implica un doble desafío en términos de gestión: por un lado, la transformación de las áreas organizacionales del nivel central con largas trayectorias bajo el anterior modelo tutelar y anclados en dispositivos judiciales y, por otro, la puesta en funcionamiento de un dispositivo novedoso en el nivel local tanto en la promoción como en la protección y restitución de derechos. Allí, la “bajada” del nuevo modelo traslada hacia el nivel local una tensión: mientras la línea de acción de las intervenciones de restitución de derechos aparece más orientada por la lógica del “caso a caso” (intervenciones personalizadas con los niños/as y adolescentes y el grupo familiar), la puesta en funcionamiento de políticas activas de promoción de derechos en el territorio implica la puesta en funcionamiento de líneas de acción en una escala mayor que incida en la situación social efectiva de la infancia y la adolescencia. Sin embargo, las áreas sociales de los municipios suelen verse demandadas (y con frecuencia desbordadas) por la emergencia constante que plantea la atención de las situaciones de vulneración de derechos y esa dinámica conspira para la implementación de políticas territoriales de promoción de derechos (sean éstas directas o muy articuladas con las OSC que trabajan en el territorio).
Si el espacio mediático, por las características de simplificación y sensacionalismo, resulta de por sí un escenario a contrapelo para la legitimidad de las nuevas políticas, la instalación de modelos donde prima la lógica del “caso a caso” en los nuevos servicios locales de los municipios plantea el dilema de que la mentada transformación se reduzca (exclusivamente) a un cambio de procedimientos (bienvenido, por cierto), pero cuyo precio sea posponer (una vez más) la implementación de una política efectiva (y a escala) de inclusión social para los adolescentes en el ámbito local.

* Antropólogo, investigador, docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

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